El Arco Minero del Orinoco, Cinturón de la muerte del norte de America Latina

En la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada de forma ilegal por una Asamblea Nacional Constituyente (Espuria), un área para el desarrollo minero cercana a 112mil km2, una zona mayor que países como Portugal, Panamá, Cuba, etc. Una extensión de tierra preocupante a nivel global, y lo es más cuando en ella se asienta el eje hidrológico de agua dulce de mayor importancia del norte de sudamérica, el 70% de la producción eléctrica del país (Hidroeléctrica), el borde norte de la selva Amazónica y un área de excepcional abundancia natural y un habitad muy importante para nuestros pueblos originarios.

La única motivación del régimen venezolano para esta acción depredadora y extraccionista, genocida y de espaldas a la sostenibilidad, ha sido evitar las sanciones financieras dirigidos a una quebrada PDVSA y a los principales jerarcas del gobierno usurpador. La explotación de Diamantes y Oro de sangre, Coltán, tierras raras y otros minerales estratégicos arrojan estimaciones de reservas monetarias mayores a los 3 trillones de dólares a costa de la destrucción de una de las áreas con mayor biodiversidad del Planeta.

Las protestas de la comunidad científica y ambientalista se presentaron desde el inicio, porque estos proyectos no contaban con la aprobación legal y legítima de la ciudadanía y de los entes respectivos, además porque los mecanismos de implementación del estos megaproyectos nunca fueron bien especificados, los impactos biopsicosociales y ambientales jamás fueron estimados ni presentados. Lo cierto es que a pocos años de su implementación ya se ven los resultados de esta ejecución con cifras alarmantes en los pocos sectores que se han podido realizar las investigaciones.

La zona en cuestión se ha convertido en pocos años en la principal zona del mundo con incidencia de malaria, la reaparición de otras enfermedades como la Difteria, Hepatitis, enfermedades gastrointestinales, contaminación mixta por metales pesados es solo una de las evidencias tempranas de la falta de institucionalidad ambiental y de salud en Venezuela, la reducción de la capacidad de los embalses para producción de hidroelectricidad, la calidad de agua para consumo humano, los daños culturales, psicológicos y sociales a las comunidades pareciera en corto plazo irreparables, el uso de la guerrilla colombiana y carteles delincuenciales como arma de control social y la utilización de la violencia estructural, física y cultural para someter a la población es cada vez más evidente.

El 100% de las subcuencas hidrográficas están afectadas por la contaminación producto de la minería, la taza de deforestación se ha disparado a cifras estratosféricas afectado en pocos años más de 2mil kilómetros cuadrados de bosque de forma directa. La matanza, desaparición y sometimiento a trabajos forzados de pequeños mineros y de indígenas es cotidiana, y aún no se realizan estudios serios por falta de recursos y entes transparentes en áreas de contaminación de ríos por metales pesados, complejos de cianuro, contaminación aérea por dispersión de metales pesados y partícula en suspensión y de índole epidemiológico. Tampoco se ha estudiado el impacto de los sólidos suspendidos en la atmósfera y la merma de las cosechas en el sector de los llanos al norte del Orinoco que reciben los vientos cargados de estas, el aumento de la temperatura de las aguas de los ríos y su influencia en la diversidad biológica de la cuenca, el delta del Orinoco y el sur del Mar Caribe y su influencia en la temperatura del Océano Atlántico y la actividad climática.

Lo cierto es que estamos en un umbral ambiental que decidirá la sostenibilidad de Venezuela y de la región, un modelo que está conduciendo a la muerte no solo a la naturaleza sino a las personas. Es momento que la comunidad ambiental mundial deje la complicidad y de un veto definitivo a depredación y asesinato de uno de los países más bellos del planeta.